LAS POL?TICAS PUBLICAS EN LA ENCRUCIJADA: POL?TICAS SOCIALES Y COMPETITIVIDAD SIST?MICA

IV.- Políticas Publicas e Intervención Publica

La evidencia empírica en la evolución de las políticas publicas, nos muestra como la expansión del Estado y de las tareas que paulatinamente ha ido asumiendo como suyas, aparece como una constante histórica. Desde las primeras configuraciones liberales del Estado, donde sus funciones básicas eran las relativas a la policía, defensa y orden público, hasta las formulaciones integrales o estructurales que el estado ha llegado a adoptar en los regimenes de welfare, o incluso en los estados totalitaristas del sistema de planificación centralizada.

La intensificación del proceso de intervención estatal observado en el siglo XX, comporta un acentuado sesgo social, puesto que ha supuesto la paulatina incorporación al ámbito de lo publico de diversas esferas (económica, educativa, laboral, productiva, seguridad social, entre otras materias) que alcanzan a la cotidianeidad diaria de la vida ciudadana. Dicho proceso intervencionista fue la respuesta a una creciente demanda social de intervención estatal.

La intervención publica implica que para poder afrontar tales actividades, el Estado deberá drenar de la sociedad grandes volúmenes de recursos monetarios a través de los mecanismos fiscal e impositivo, retornándolos a esa misma sociedad en forma de políticas publicas y sociales. Dicho ciclo de flujo y reflujo, retoma las ideas del sistema político de Easton (1953) , de extraer recursos de la sociedad para volver a reconducirlos hacia la misma. Para Easton (1953) las políticas serían las respuestas que el conjunto del sistema político daba a las demandas y reivindicaciones provenientes del entorno operativo del mismo. En este esquema las políticas retroalimentan el sistema político garantizando la continuidad y pervivencia del consenso básico.

Dado que las políticas publico-sociales constituyen intervenciones publicas, en su encarnación posiblemente más depurada, hemos de considerar que la intervención publica y estatal en la actividad socio económica, tradicionalmente se ha venido entendiendo como mecanismo orientado al logro de grandes objetivos macroeconómicos y al bienestar social. De ahí que al interno de la matriz de las políticas publicas, las sociales resaltan dentro del conjunto, tanto por sus dotaciones financieras como por su capacidad de impacto en el tejido social.

Siguiendo a González Fajardo (1999) , la intervención publica se ha fundamentado como recurso alternativo al mercado, como tal mecanismo de asignación de recursos, cuando se daba alguno de estos supuestos:

• Cuando se daban razones de eficiencia económica. En este caso, la intervención trataba de corregir las deficiencias en la asignación de los recursos que se producen en presencia de fallos del mercado: externalidades, bienes públicos, fallos de información, de competencia, etc.

• Cuando se daban razones distributivas o ético-políticas. Con la acción pública se intentaba corregir la inaceptable, desde la perspectiva social, distribución de la renta resultante de la asignación de recursos realizada por el mercado.

• Cuando se daban razones de estabilización macroeconómica. Se trataría, empleando el arsenal de instrumentos de política económica para lograr un crecimiento sostenido que fuese compatible con la estabilidad de precios y el pleno empleo.

Como tales intervenciones públicas, las políticas publico-sociales van a incidir sobre las oportunidades vitales de los individuos y de la colectividad, impactando positiva o negativamente sobre el bienestar personal y la calidad de vida de los mismos, individual o colectivamente considerados.

La implementación, operatividad y resultados de las políticas publico-sociales, va a provocar normalmente controversias y debates en su derredor, puesto que normalmente su carácter es redistributivo, o de mecanismo de redistribución progresiva (Carey-Belanger, 2000) transfiriendo recursos y capacidades de unos ciudadanos a otros y de unos grupos de ciudadanos a otros (Titmuss, 1981) . Tal carácter intervencionista, regulador y redistributivo, hacia considerar a Hayek (1978) que la temática básica de la política publica era la discusión sobre la distribución.

Evidentemente, distribución significa controversia, por lo que la política socio-publica tiende a provocar reacciones contrarias desde las esferas de pensamiento liberal, y de determinadas corrientes de pensamiento, que sostienen que dichas transferencias de renta pueden ser de signo negativo por cuanto que el estado tiende a “apropiarse” de la riqueza generada por individuos competentes, para entregárselas a individuos poco competentes, quienes no tendrían “legítimos” derechos a recibirlas (Leira, 1992)

Dentro de las Políticas Socio-Públicas (una propuesta de clasificación de las mismas puede encontrarse en la figura II.1, aneja) se han destacado tradicionalmente los segmentos de educación, salud y acceso a la vivienda, incorporándose con carácter más reciente las condiciones del mercado de trabajo, donde podría incluirse a la Conciliación de las Esferas Laboral y Familiar, prototipo de las políticas socio-publicas de segunda generación, que han comenzado a implementarse con carácter general en la Europa Continental y Nórdica a partir de la década de los noventa (Flaquer, 2000) . La cobertura social en dichos segmentos de actuación, parece contribuir decisivamente al desarrollo integral de las personas en su quehacer cotidiano (Moreno, 2003) .